«Aun siendo uno de los sectores claves de la economía española, en cuanto al nivel de facturación electrónica todavía queda por hacer mucho pues están a niveles muy bajos o casi inexistentes», explica el director de marketing y comunicación de Seres, Alberto Redondo.
Según el Estudio sobre el uso de la Factura Electrónica en España 2017-2018, elaborado por Seres, las empresas del Sector Horeca emitieron el 0,44% de las facturas electrónicas y la representación de las recibidas rozan el 1,55% sobre un total de 181.884.086 documentos emitidos y recibidos. Asimismo, gracias al uso de la factura electrónica, las empresas españolas se ahorraron en 2018 algo más de 900 millones de euros en la gestión de las facturas recibidas y 511 millones de euros en la gestión de las facturas emitidas.
Las empresas del Sector Horeca emitieron el 0,44% de las facturas electrónicas y la representación de las recibidas rozan el 1,55%
Las medianas empresas, las que más emiten y reciben
Por tipo de empresas, son las de mediano tamaño las que emiten más facturas, el 45,48%, seguidas por las grandes empresas, el 22,48, las pequeñas, el 23,80% y las micro empresas, con el 8,24%. En recepción de facturas, las que más reciben son las medianas empresas con el 37,57% de las facturas, seguidas por las pequeñas empresas con el 26,17%, las grandes con el 24,48% y las microempresas, con el 11,78%.
«Las medianas empresas siguen siendo el colectivo de usuarios de e-factura más importante y, al mismo ritmo, con menor escala, sigue creciendo el número de grandes y medianas empresas usuarias» añade Redondo. «Del mismo modo, por sectores se mantiene el liderazgo del sector Servicios, seguido por Industria y, a más distancia, el Sector Primario» concluye.
Resulta relevante, sobre todo de cara al futuro, el éxito internacional de la factura electrónica y los impulsos dados por la Unión Europea para normalizar su uso entre los países miembros. Un impulso que ha permitido el desarrollo, a lo largo de 2018, de un nuevo formato común de factura electrónica, que es obligatorio en las contrataciones públicas europeas desde el 18 de abril de 2019.
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