A raíz de la documentación recabada en las inspecciones, así como de las declaraciones de los solicitantes de clemencia, CNC ha constatado que las navieras imputadas participaron en distintas reuniones y llevaron a cabo intercambios de información, llegando a acuerdos sobre fijación de precios, comisiones, condiciones comerciales y horarios. Asimismo, subraya que el cártel respondía al objetivo común de obtener unos beneficios superiores a los que se obtendrían si todos los operadores implicados hubiesen respetado el funcionamiento del mercado y hubiesen competido en él, en detrimento de los consumidores y usuarios.
Para el logro de dicho objetivo, Competencia afirma que fueron elaborándose y ejecutándose a lo largo de los años una serie de actuaciones coordinadas en función de los medios de producción de cada una de las navieras imputadas, de su presencia en cada línea y de los servicios que prestaban, de forma que cada una de las prácticas implementadas conseguía falsear la competencia en cada una de las rutas y servicios, lo que provocó que "no hubiese competencia en el servicio de transporte marítimo entre la Península y Marruecos durante nueve años".
Por todo ello, la CNC ha impuesto una sanción del 15% del volumen de negocio de cada empresa ante la "gravedad de la naturaleza de la conducta". Entre las diferentes navieras, Trasmediterránea y su filial Europa Ferrys deberán hacer frente a una de las multas más cuantiosas, concretamente de 25,5 millones de euros. En su caso, Competencia ha tenido en cuenta el agravante de que ambas han sido sancionadas con anterioridad. No obstante, la naviera recurrirá la multa ante la Audiencia Nacional al entender que la sentencia "no se ajusta al derecho". Por su parte, Baleària únicamente deberá abonar 1,3 millones, beneficiándose de un 40% de reducción al haber aportado información que ha ayudado a demostrar la existencia del cártel.
