En el caso de Canarias, la Justicia ampara a cuatro empresas que, pese a cumplir todos los requerimientos administrativos y legales para contruir en sus parcelas en las islas de Fuerteventura y de Gran Canaria, se vieron privadas de la preceptiva licencia.
Y si en las islas esta moratoria hotelera es causa de inseguridad jurídica, tanto o más podría ocurrir en destinos urbanos, como Barcelona, que están aplicando al Turismo determinadas normas, consideradas arbitrarias por empresas afectadas. No en vano condicionar el otorgamiento de licencia de apertura de un nuevo hotel a que éste asegure la «calidad del empleo» en su establecimiento afectando así la cuantía de los salarios o las condiciones laborales es una exigencia que condiciona la competitividad del nuevo hotel, a obligarle a competir en desigualdad de condiciones costes más elevados y con una menor flexibilidad laboral frente a los demás establecimientos, que no cumplen tales exigencias.
Lo más sorprendente del caso barcelonés es que el mismo Ayuntamiento que exige «calidad» en el empleo a un hotel de lujo para abrir sus puertas, no pone coto a que centenares de viviendas de barrios como La Barceloneta se destinen a uso hotelero, en un caso flagrante de economía sumergida, mientras mantienen empleo precario y no pagan impuestos.
Nunca como ahora el Sector Turístico ha sido tan poco escuchado por estas fuerzas políticas
La arbitrariedad de tolerar el mal llamado consumo colaborativo, que depreda la ciudad al causar serios problemas de convivencia ciudadana y a la imagen de la ciudad como destino turístico, mientras se sobreregula la oferta reglada y de calidad lastrando su viabilidad al limitar de hecho su competitividad, es una grave disfunción que pone en riesgo el empleo y los destinos turísticos, que estos responsables de administraciones turísticas dicen salvaguardar o proteger.
Y no se trata de defender el todo vale o anteponer los intereses empresariales a los derechos de los trabajadores o la sostenibilidad medioambiental, sino de evitar los perjuicios para la economía (y, por ende, para los destinos turísticos y la calidad de vida de sus ciudadanos) que se derivan de la falta de seguridad jurídica que surge de aplicar normas tan bienintencionadas como arbitrarias.
Nunca como ahora el Sector Turístico ha sido tan poco escuchado por estas fuerzas políticas emergentes. Y no se trata de que se ignoren a círculos ciudadanos o asociaciones vecinales, sino de contar con el expertise del Sector Turístico, hoy relegado a un segundo plano. O convertido casi en enemigo público, como empieza a ocurrir en Comunidades tan turísticas como Baleares. Las nuevas políticas turísticas que pretenden aplicar los gobiernos de determinadas Comunidades autónomas y corporaciones municipales, tasas turísticas incluidas, no pueden derivar en un remedo político del despotismo ilustrado: «Todo por el Turismo… ¿pero sin el Turismo?».
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