Explican desde el Gobierno que, en esta convocatoria, tal y como se hizo en 2021, “se ha identificado una prioridad nacional”, por lo que si el año pasado esta prioridad fue el Año Xacobeo, en 2022 se ha acordado con las Comunidades Autónomas reservar una partida específica del Plan a financiar proyectos que tengan como eje central la enogastronomía.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado que el destino turístico es el “el verdadero motor de la competitividad de nuestra oferta”, y en el que tiene que “operar la transformación hacia la sostenibilidad y digitalización del sector”.
Los proyectos concretos que se beneficiarán de estas inversiones se aprobarán en Conferencia Sectorial en diciembre de 2022
Por este motivo, dentro del Plan de modernización y competitividad del sector turístico que está integrado en el Plan de Recuperación, “este programa es el que está movilizando un mayor volumen de recursos. Los proyectos concretos que financiará esta segunda convocatoria extraordinaria los acordaremos con las Comunidades Autónomas en una Conferencia Sectorial este mes de diciembre, en lo que representa un ejemplo de cogobernanza de los fondos europeos”.
En este sentido, el reparto territorial queda establecido de la siguiente manera:
El Consejo de Ministros también ha autorizado los convenios por los que se concreta la financiación total de los Planes de Sostenibilidad Turística correspondientes a la convocatoria ordinaria de 2022.
Los 28 proyectos incluidos en la convocatoria ordinaria de 2022 fueron aprobados en Conferencia Sectorial, en junio
Detallan que a diferencia de la convocatoria extraordinaria, que se financia íntegramente con fondos europeos, la ordinaria implica la financiación de la Secretaría de Estado de Turismo, junto con la Comunidad Autónoma correspondiente y la entidad local beneficiaria del proyecto.
Los 28 proyectos beneficiarios de la convocatoria ordinaria de 2022 fueron aprobados en Conferencia Sectorial el pasado 28 de junio. El Consejo de Ministros autoriza los convenios de 22 de estos 28 proyectos en los que la aportación de la Secretaría de Estado es superior a 500.000 euros y, por tanto, requiere la correspondiente autorización del Consejo de Ministros.