La Comunidad de Madrid toma la delantera en la revisión de la normativa que rige la actividad de las agencias de viajes. Según fuentes consultadas por NEXOTUR, el Gobierno autonómico ya tiene listo el borrador, el cual es idéntico al propuesto por la Secretaría de Estado de Turismo en la Mesa de Directores Generales de Turismo de las Comunidades autónomas. Por tanto, ahora solo queda esperar a que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para que entre en vigor.
Entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad
Grosso modo, el texto adoptado por la Comunidad de Madrid establece que el importe a garantizar por las agencias sea un 5% del volumen de negocio derivado de los ingresos por venta de viajes combinados alcanzado por el organizador o minorista en el ejercicio anterior, fijándose un mínimo de 100.000 euros. De este modo, los avales aumentarán de forma sustancial. Y es que en la práctica totalidad de Comunidades se requiere 60.000 euros a las minoristas, 120.000 a las mayoristas y 180.000 a las minoristas-mayoristas.
La presión de CEAV evitó un desenlace aún peor
Pese a tratarse de una pésima noticia para los intereses del Sector, la revisión ha sido menos dura de lo inicialmente previsto gracias, en gran medida, a la presión ejercida por CEAV. Cabe recordar que varias Comunidades abogaban por aplicar porcentajes de dos dígitos, en lugar del 5% finalmente acordado en la Mesa de Directores Generales de Turismo de las Comunidades autónomas. Asimismo, la Confederación sigue intentando reducir aún más el importe de la garantía exigida. Su pretensión, tal y como habría trasladado a la Comunidad de Madrid, es que se establezca un porcentaje del 3%.
Facua reclama inspecciones periódicas para garantizar que las agencias cumplen
Tras la elaboración del borrador por parte del Ejecutivo madrileño, Facua-Consumidores en Acción ha instado al resto de Comunidades autónomas a que «no demoren más su adecuación para garantizar la protección de los consumidores». Cabe recordar que, a raíz de la quiebra de Orizonia, esta organización denunció ante la Comisión Europea el incumplimiento en España de la Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes y los circuitos combinados, fundamentalmente en relación a la garantía que las agencias deben presentar para responder ante los viajeros en caso de insolvencia o quiebra o cuando el viaje combinado no se corresponde con lo contratado en la agencia. Bruselas hizo suyas sus demandas y determinó que la normativa española no cumplía al pie de la letra con las disposiciones en materia de garantías recogidas en la Directiva de Viajes Combinados de la Unión Europea.
Además de solicitar una adaptación urgente de las normativas autonómicas, Facua recuerda que «es fundamental que las Comunidades lleven a cabo inspecciones periódicas para garantizar que las agencias están cumpliendo con la norma en relación a los avales, para que los derechos de los usuarios estén protegidos en todo momento». Asimismo, reclama que «se desarrollen los mecanismos necesarios y se clarifiquen los protocolos que se seguirán para garantizar que los consumidores reciben el dinero correspondiente de las reclamaciones o los problemas sufridos en la contratación de viajes combinados».
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