La Justicia argentina ha ordenado la intervención de Aerolíneas Argentinas y Austral a petición del Gobierno, con el objetivo de "poder garantizar la continuidad del funcionamiento de la compañía aérea". Al mismo tiempo, ya se ha comenzado a redactar un proyecto de Ley para expropiar ambas aerolíneas, tras el fracaso en las negociaciones con el grupo turístico Marsans —propietario de ambas— para acordar un valor que cerrase la venta de las compañías aéreas al Estado argentino. La medida, recomendada por la Comisión Bicameral en su reunión de la pasada semana, ha sido rechazada por Marsans, que no ha dudado en expresar su "disconformidad".
El Grupo turístico asegura que, con este paso, el Gobierno argentino "pretende vestir de legalidad una expropiación que quieren aplicar tras hacer una valoración partidista y parcial de la compañía aérea". Teniendo en cuenta, además, que el Ejecutivo se ha negado a una tercera valoración de tasadores independientes, tal como solicitó Marsans hace unas semanas, en línea con el acuerdo firmado con el Gobierno el pasado 17 de julio. El Grupo, del que son co-propietarios Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, entiende dicha resolución de la Comisión Bicameral del Congreso argentino como una decisión de la parte compradora "para no pagar el valor de la empresa, según se comprometió en el acuerdo formal", aseguran desde Marsans.
Desde el Ejecutivo apuntan que lo más probable es que hoy mismo se pesente el proyecto de expropiación en el Parlamento, "cuyo trámite legislativo para su aprobación podría durar unos 15 días". No obstante, y a pesar de la inminencia del proceso, Marsans ha presentado una estrategia para hacer frente a la expropiación, cuya intención no es otra que llega a juicio para reclamar una indemnización que, según han anunciado representantes y directivos de la compañía turística, podría rondar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.
Marsans se platea la posibilidad de ir a juicio
Asimismo, el Grupo va a presentar ante la justicia "una declaración de certeza respecto a la vigencia del acuerdo firmado con el Gobierno". El objetivo es hacer que el ministro de Planificación, Julio De Vido, responda si el convenio firmado aún tiene vigencia o no, teniendo en cuenta que el Ejecutivo ya ha afirmado que "el acuerdo se cayó por incumplimientos de Marsans" en su momento. "Para nosotros el acta está vigente y, por tanto, hay que ir a una tercera tasación", insiste Marsans.
Cabe recordar que las tasaciones propuestas por ambas partes han impedido llegar a un acuerdo en la negociación, debido a las diferencias existentes entre ellas. Mientras el banco Credit Suisse —designada por Marsans— establece un valor para las dos aerolíneas de entre 205 y 400 millones de dólares, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un valor negativo de entre 832 y 622 millones de dólares.
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