Asimismo, aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero con el objetivo de limitar el ‘Turismo sanitario’, tal y como quería España, que logró un compromiso preliminar durante su presidencia de la Unión Europea (UE) en el primer semestre de 2010. En general, la directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta, hasta la cantidad que se les habría pagado de ser atendidos por su sanidad nacional.
En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.
La Comisión Europea estima que el coste de la nueva norma con la que la Unión Europea acotará los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro país comunitario será "muy limitado". Esto es unos 30 millones de euros adicionales como máximo si los Estados miembros son "muy generosos" en su aplicación, según fuentes comunitarias.
