Las agencias de viajes podrían acusar de forma desigual los efectos de la próxima ley para acortar los plazos de pago con la que el Gobierno pretende luchar contra la morosidad. El proyecto, que será una transposición de la normativa comunitaria, prevé un periodo de cobro de un mes para empresas privadas y de dos meses para Administraciones públicas. Según fuentes consultadas por NEXOTUR, por un lado beneficia a las agencias, ya que éstas ‘soportan mucha más morosidad que la que generan’. El aspecto negativo es el ‘corsé financiero’ que puede imponer una ley de esas características.
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