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El ‘rent a car’, en pie de guerra contra el Gobierno balear

Las compañías de alquiler de vehículos muestran su oposición a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada por el Gobierno de Baleares. Feneval advierte que "afecta seriamente al sector rent a car".

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) critica la aprobación por parte del Parlamento de Baleares de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Según lo dispuesto en la misma, se vetará el acceso de vehículos diésel a las islas desde 2025 y de gasolina a partir de 2035, siendo el objetivo final eliminar totalmente los combustibles fósiles para 2050.

Pide que la ley ‘no se base en restricciones que supongan discriminación’

La Federación que preside Miguel Ángel Saavedra se muestra «manifiestamente a favor de la movilidad sostenible y de la aprobación de una ley de Transición Energética con objetivos y estrategias claras para la reducción de las emisiones». No obstante, pide que ésta «no se base en restricciones que supongan discriminación tecnológica«, advirtiendo que «va en contra de la legislación que reconoce la libre circulación por el territorio nacional y europeo».

Impacto en el sector de alquiler de vehículos

Según asegura, la normativa aprobada por el Gobierno autonómico «afecta seriamente al sector rent a car y puede llegar a comprometer el normal funcionamiento de una actividad indispensable para un Turismo sostenible y de calidad». Además, esta prohibición «tendría consecuencias perjudiciales sobre otros sectores como la venta de vehículos o la distribución de carburantes en estaciones de servicios, entre otros».

Feneval revela que la Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado mes de enero por la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (ANFAC), que califica las medidas recogidas en la nueva ley como «arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas» y que «carecen de respaldo técnico o científico». Al respecto, espera una decisión positiva por parte de Bruselas que «responda a criterios comunes a nivel de neutralidad tecnología basándose en medidas que se adapten de forma controlada y progresivamente a la realidad en relación con la regulación del nivel de emisiones y que no suponga un obstáculo en la movilidad de los ciudadanos, con diferenciaciones territoriales por autonomía o municipio».

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