La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado, con una gran mayoría de los votos, el informe en el que insta a la Comisión Europea a que incluyan las emisiones de dióxido de carbono de todas las rutas aéreas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, en sus siglas en inglés) antes de 2011. De este modo, los eurodiputados contradicen lo estipulado por la Comisión, que fijó 2011 como plazo para los vuelos internacionales de la UE y el 2012 para los operados entre los Estados miembros y terceros.
Otra de las peticiones aprobadas por el Parlamento ha sido la reducción de emisiones del 10% en 2013 respecto a las de 2004 y 2006, en contraposición con lo dictaminado por la Comisión y el Consejo, que preveía mantenerlas en los mismos niveles. Además, el Parlamento ha instado a los Estados miembros a que "mantengan o establezcan políticas complementarias o medidas dirigidas al sector de la aviación para hacer frente al cambio climático".
En lo referente a los permisos de emisión de dióxido de carbono, la comisión parlamentaria también ha mostrado su desacuerdo con la decisión adoptada por los Veintisiete. Frente a la solicitud de los Estados miembros, que pedían que sólo se concedieran permisos gratuitos en un 10% de los casos, el Parlamento ha abogado por el aumento de este porcentaje al 25%.
Finalmente, la Eurocámara han incluido en su informe los sectores que a su juicio no deberían ser incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión. De este modo, quedarían exentos de dicha propuesta los aviones con menos de 5,7 toneladas, los que cumplan misiones humanitarias bajo mandato de Naciones Unidas, los de urgencia o de extinción de incendios y los militares y policiales. Por el contrario, los miembros parlamentarios han coincidido con el Consejo en incluir en la propuesta a los aviones que trasladen a miembros de la monarquía, presidentes y ministros.
Pérdidas económicas para las compañías aéreas
La inclusión de las compañías aéreas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión conllevaría grandes pérdidas para las mismas. Así lo afirmó la Asociación de Aerolíneas Aéreas (AEA) el día en que fue realizada la propuesta, augurando unas pérdidas aproximadas de 160.000 millones de euros en los primeros diez años desde la aplicación de la directiva. Además, a este coste extra hay que sumarle la constante escalada del precio del barril de Brent, que sigue alcanzando cifras históricas, por lo que las aerolíneas que operan en Europa podrían experimentar importantes reducciones de beneficios.
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