Pretenden reducir la carga administrativa y aportar simplificación, en particular para las pymes
La Comisión Europea ya está investigando el Real Decreto 933/2021 que el Ministerio de Interior impuso el pasado 2 de diciembre al Sector Turístico español, a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos. Tal y como asegura el Partido Popular Europeo, el comisario de Justicia, Michael McGrath, a través una carta escrita, ha reconocido estar evaluando este registro.
Mientras resuelve esta investigación, McGrath ha manifestado que el objetivo de la Comisión es precisamente reducir la carga administrativa del Sector Turístico un 25%, no aumentarlo: La Comunicación de la Comisión establece el objetivo de reducir en un 25% las cargas asociadas a los requisitos de información, sin socavar los objetivos políticos de las iniciativas en cuestión.
En su escrito, el comisario indica que, a escala de la UE, la Comisión pretende reducir en términos generales la carga administrativa y aportar simplificación, en particular para las pymes, incluidas las empresas turísticas. No vamos a permitir que Sánchez invada la vida privada de los ciudadanos porque atenta contra la libertad individual y contra la normativa de protección de datos. Este Gran Hermano no es más seguridad es más control y vamos a llegar hasta el final en Europa denunciando esta obsesión del Gobierno por controlarlo todo, manifiesta Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del PPE.
Suspensión del registro
En las Islas Baleares se está viviendo con especial preocupación esta vulneración de las leyes protección de datos, por eso nos parece importante que la Comisión Europea analice la nueva normativa», señala la eurodiputada Rosa Estarás. Debemos lograr que el Ministerio del Interior recule y suspenda el nuevo registro de turistas porque este fomentará un sector esencial en productividad y creación de puestos de trabajo».
Montserrat lleva denunciando desde hace meses las obligaciones de información impuestas en el denominado Gran Hermano de Marlaska, que han despertado fuertes críticas del Sector Turístico nacional e internacional. A su juicio, España no puede legislar en contra de lo que marca la Comisión Europea y mucho menos abrir una crisis en el Sector Turístico, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía.
Mientras Bruselas busca aliviar la carga administrativa y la burocracia en las empresas, el Gobierno de Sánchez les impone más regulaciones, más controles y más burocracia. Esto no lo vamos a permitir, añade.
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