Menos dinero disponible, condiciones más exigentes, no se puede acumular al PIVE y no tiene carácter retroactivo. Estas son las características más significativas del nuevo Plan Movele, aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros. Las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, que ascienden hasta 20.000 euros en el caso de los autobuses y autocares, han visto reducida su partida presupuestaria de 10 a siete millones de euros, lo cual no concuerda con la presunta promoción al vehículo eléctrico que se promueve desde la Administración. Además, es requisito obligatorio que se asocie un punto de recarga, lo que limita aún más el acceso a la subvención. ¿Acaso quiere el Gobierno "desconectar" los vehículos eléctricos?
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