VB Group ha lanzado, a través de VB Integra, un nuevo modelo orientado a facilitar a las empresas el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, especialmente en aquellos casos en los que la contratación directa de personas con discapacidad presenta dificultades operativas.

La iniciativa se centra en uno de los principales retos de la normativa: la gestión del certificado de excepcionalidad, un mecanismo que permite a las compañías de más de 50 empleados —obligadas a reservar al menos un 2% de su plantilla a personas con discapacidad— aplicar medidas alternativas cuando no pueden cumplir con esta cuota.

En este contexto, VB Integra ha desarrollado un enfoque integral que abarca desde el análisis inicial hasta la implementación de soluciones, incorporando criterios de planificación, trazabilidad y coherencia para adaptar el cumplimiento normativo a la realidad de cada empresa.

Según explica Alberto Tortuero, director de la unidad, el principal desafío no radica en la voluntad de cumplir, sino en cómo hacerlo cuando la contratación directa no encaja con las necesidades del negocio, lo que hace necesario un enfoque técnico para aplicar correctamente la excepcionalidad.

Grandes dificultades

Entre las principales barreras identificadas destacan la escasez de perfiles especializados, el crecimiento rápido de las plantillas, la falta de talento disponible en determinadas zonas geográficas o la alta rotación en algunos sectores. A ello se suman experiencias previas de integración que no siempre han sido satisfactorias.

Además del certificado, el modelo pone el foco en la correcta aplicación de medidas alternativas —como la contratación de servicios a centros especiales de empleo—, que deben alinearse con la actividad de la empresa y con la justificación presentada ante la administración.

Por su parte, Jota García Serrano, director de Desarrollo de Negocio, subraya que la excepcionalidad puede convertirse en una herramienta de valor si se gestiona adecuadamente, integrándose en la operativa empresarial más allá del mero cumplimiento legal.

El modelo incorpora también mecanismos de seguimiento que permiten mantener el cumplimiento en el tiempo, ofreciendo a las empresas una solución más estructurada, práctica y alineada con sus necesidades operativas.