Así lo ha puesto de manifiesto en la breve declaración que ha prestado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que le citó como encausado a raíz de la querella que interpuso el Grupo Miralles, representado por la letrada Isabel Fluxà, contra el empresario gaditano y sus seis hijos varones por un presunto delito de estafa en la compraventa efectuada a la empresa Calwell —cuyo administrador era Pazos—, formalizada por un total de 23,6 millones de euros.
En su comparecencia, el imputado ha incidido en que "lo único" que sabe es que la sociedad que administraba compró un hotel pero no intervino "para nada" en la operación e incluso ha negado saber "por cuánto se compró". Es más, al ser preguntado por la abogada de la acusación particular, Pazos ha asegurado desconocer si la sociedad Calwell fue creada expresamente para la adquisición del hotel.
Tal y como ha abundado al respecto, no ha tenido ningún tipo de conversación con los Ruiz-Mateos relativas a la venta de la instalación hotelera, al entender que "ellos son los dueños y quienes deciden". Nunca he gestionado ni tomado ningún tipo de decisión", ha apuntado el imputado, quien ha aseverado además no conocer las responsabilidades que conlleva ser nombrado administrador de una empresa.
‘Soy administrador de varias sociedades, pero no sé cuáles’
De hecho, Pazos ha señalado que ocupa este cargo en varias sociedades del grupo pero desconoce cuáles, y que no cobra por ser administrador de ninguna de ellas. Según la querella de IGM, en el marco de la operación fueron abonados 789.028 euros mientras que se acordó el pago aplazado de 22,8 millones a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía de la empresa Montumo y los avales personales de Ruíz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.
Sin embargo, el Grupo Miralles denuncia todos ellos "avalaron con evidente mala fe" ya que ninguno de ellos "tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España", al tiempo que asevera que los pagos se fueron abonando hasta que fueron interrumpidos en el verano de 2010. Hasta el momento, se ha satisfecho un total de 10,85 millones de euros y quedarían pendientes de pago 12,81 millones, según la querella, que cifra la estafa en 13,93 millones al sumar intereses y actas de Hacienda. En este sentido, uno de los hijos del patriarca de Nueva Rumasa, Zoilo Ruíz-Mateos, recalcó en su declaración como imputado que desde principios de la operación el propietario de IGM, Francisco Miralles, "sabía que no teníamos nada a nuestro nombre".
En su comparecencia, el encausado derivó responsabilidades en su padre al aseverar que fue éste quien llevó a cabo todas las negociaciones de la compraventa, y justificó que la crisis económica y los obstáculos puestos por los bancos impidieron que la familia pudiera hacer frente a los pagos pactados con IGM. La querella de Miralles se suma a la denuncia presentada por la familia Radó ante la Fiscalía contra la familia Ruiz-Mateos por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal. La familia Radó estima que Nueva Rumasa le adeuda 7,34 millones de euros por la compra de las acciones que poseía en las sociedades que explotan dos hoteles Beverly.
