Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el deudor conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero éstas estarán sometidas a la intervención de la administración concursal.
Queda abierto además el plazo para que los acreedores pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, que se extenderá por un mes a partir de la comunicación de la resolución.
Los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio de un procurador y asistidos por un letrado, tal y como dicta el artículo 184.3 de la Ley Concursal.
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