La Consejería de Economía y Hacienda, tras valorar las proposiciones de las cinco empresas presentadas —Promur, Rayet Hoteles, Capital Suelo, Anjoca y la UTE formada por Alfa Renta Patrimonio, Hevisa Consultoría y Gestión y Gestión Técnica Inmobiliaria—, decidió que fuera Promur (empresa especializada en la gestión de mobiliario urbano) la adjudicataria, según apunta el Gobierno andaluz.
Además de las proposiciones económicas, las consejerías de Economía y Hacienda y de Turismo, Comercio y Deporte valoraron otros aspectos como el plazo de ejecución previsto para la adecuación del edificio —dos años—, los servicios turísticos que se proponen —centro de convenciones, eventos sociales, galería comercial, spa, unidades de alojamiento, etcétera— y sobre todo la solvencia técnica y económica de la empresa.
Con esta adjudicación se culmina el proyecto iniciado por la Consejería de Economía y Hacienda cuando decidió construir la Ciudad de la Justicia en Málaga, ya en funcionamiento, y recuperar el uso hotelero que el Palacio de Miramar tuvo durante gran parte del siglo XX.
