alojamiento colaborativo

El presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT), Santiago Aguilar, carga contra la falta de contundencia de las Administraciones para atajar los efectos negativos de la economía colaborativa ilegal. "Fenómenos como las viviendas de uso turístico o los cada vez más proliferados free tours se tienen que regular de manera urgente", reclama, al tiempo que aclara que "desde mi punto de vista no vale que cada Comunidad autónoma o cada Ayuntamiento hagan su propia normativa sin tener en cuenta a los demás, sino que debe existir un marco normativo emanado del Parlamento español que fije las pautas a seguir por todos ellos".

El Ayuntamiento de Valencia se toma en serio el impacto generado por el boom del denominado alojamiento colaborativo. Con el objetivo de frenar la actividad ilegal que se esconde tras el mismo, ha intensificado las inspecciones para detectar qué inmuebles no cumplen con la normativa recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o bien no están inscritos en el registro de la Agencia Valenciana de Turismo. A todas aquellas viviendas que no estén regularizadas se les da un plazo de dos meses para corregir su situación y, en caso de que esto no suceda, se les prohíbe el alquiler vacacional.

Lamentable protagonismo. La Ciudad Condal fue noticia en agosto, tristemente, por partida cuádruple. Primero, por el primer ‘choque’ entre vecinos y turistas, en un barrio como La Barceloneta, ante la imposible convivencia creada por los alojamientos alegales de plataformas de reservas, como es Airbnb. Segundo, por el caos generado en El Prat por la huelga del personal de seguridad del aeropuerto, en plena temporada turística.