Amenaza que exige, según estos gobernantes, aplicar «políticas correctoras», que van desde promulgar «moratorias» hoteleras o límites al alquiler de coches, hasta aprobar una nueva legislación que «proteja» el territorio y la cultura local, preservando su identidad.
En Comunidades tan turísticas como la de Baleares se criminaliza a grandes hoteleros
En el fondo de esta actitud subyace el endémico rechazo a las «hordas» de turistas, que «ponen en peligro» tanto la preservación del litoral y la soberanía del territorio como la identidad de las poblaciones locales. Un discurso que no procede de la ciudadanía (o de la opinión pública), sino de sectores intelectuales y de determinados ámbitos de la Universidad (o de la opinión «publicada»), que llevan años señalando este «problema», más teórico que real, que ahora hacen suyo las nuevas políticas desde la izquierda radical. Y no sin razón, en determinados casos como en la Ley de Costas, en la que el tráfico de influencias y la defensa de intereses de parte, a cargo de grupos de presión y algunos terratenientes turísticos, han seducido al Parlamento.
El riesgo de que España haya superado su capacidad de carga como destino turístico o de la aplicación al sector terciario de las teorías sobre resistencia de materiales, son la «justificación» para tomar medidas correctoras que impidan inflar la supuesta burbuja turística española que a imagen y semejanza de la inmobiliaria estaría amenazando la sostenibilidad futura de nuestro Turismo.
Al socaire de la sostenibilidad y de la necesidad de escuchar al ciudadano y no a los lobbies (o «al trabajador, en lugar de la empresa»), no solo se ha prescindido del expertise del Sector y del empresariado turístico, sino que en Comunidades autónomas tan turísticas como la de Baleares se criminaliza a grandes hoteleros, presentándolos casi como saqueadores del bien común, en lugar de como los artífices de una actividad económica que posibilita el reequilibrio territorial y aporta bienestar a los españoles.
¿Se aprueban o estudian nuevas tasas, impuestos y normativas, en el ámbito autonómico o municipal, que gravan al Turismo y los turistas, evaluando sus efectos sobre la competitividad, o solo por afán recaudatorio?
¿Ignoran estos dirigentes políticos la valiosa aportación del Turismo al reequilibrio territorial y al empleo, especialmente en zonas de litoral menos desarrolladas?
¿Apoyan la competencia desleal, alegal y sumergida, disfrazada de economía colaborativa, que está poniendo en riesgo nuestra gran industria nacional, y deteriora la convivencia de españoles y turistas en algunas zonas?
¿Existe una burbuja turística en España o sobreoferta y competencia conducen a eficiencia y competitividad?
Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
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