El Gobierno ha dado un nuevo paso en la reforma estructural del sector servicios con la nueva Ley Omnibus aprobada el pasado 12 de junio. Ésta forma parte de la Ley Paraguas del 27 de marzo de 2009, o Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que actualmente está en trámite parlamentario. De este modo, el Ejecutivo ha aprobado 47 leyes estatales en diversos ámbitos sectoriales, con la que se espera un incremento adicional del Producto Interior Bruto (PIB) alrededor del 1,2%.
De esas 47 leyes, destacan las modificaciones en la normativa de los colegios profesionales, que modernizan el marco institucional en el que se desenvuelve un conjunto de actividades profesionales de gran relevancia para el funcionamiento de la economía, como es el caso del Turismo. Además, la aprobación de esta Ley Ómnibus tiene por objetivo impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas españolas en el sector servicios, que representa el 66% del PIB y del empleo en España. El nuevo marco beneficia particularmente a las pymes y a los autónomos, para quienes los costes de inicio de actividad y las cargas administrativas que soportan son proporcionalmente mayores.
Un paso más en beneficio de las agencias
Concretamente, la Ley Omnibus significa un gran avance en la transposición de la Directiva de Servicios comunitaria, (Bolkestein), ya que "recoge las bases generales para este fin y se modifica aquello que es de ámbito nacional para pasar a ser competencia de las distintas autonomías", apunta el presidente de AEDAVE, José Manuel Maciñeiras. Este avance es un paso más en beneficio del Sector de agencias "aunque ahora les llega el turno a las Comunidades autónomas que todavía tienen que ponerse de acuerdo".
El pasado mes de enero, varias Asociaciones de agencias se ponían de acuerdo para presentar una serie de alegaciones al anteproyecto de ley sobre la Directiva Bolkestein ante la Subdirección General de Comercio Interior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Éstas, en cierta manera han servido para que el Ejecutivo haya hecho una ley que ayude a la trasposición de esta Directiva, la cual, según Maciñeiras debe de "simplificar el mercado, de trámites y con la que las agencias puedan seguir teniendo avales, así como garantizar el empleo a los profesionales del Sector". De este modo, las Asociaciones de agencias de viajes analizaron el contenido del anteproyecto y consideraron que la transposición de la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico no supondría una oportunidad para mejorar el nivel de calidad de los servicios, "por lo menos en lo que hace referencia a los servicios turísticos", "debido a la ausencia de mecanismos de control efectivos poco definidos en el redactado del anteproyecto".
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