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Ruiz-Mateos anuncia que comparecerá este jueves ante la juez de Palma, tras la orden de busca y captura emitida por sus ‘no shows’

El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos comparecerá el próximo jueves ante la juez de Palma de Mallorca, María Pascual, acompañado de una de sus hijas y de su abogado. El empresario jerezano tiene pendiente una causa por la presunta estafa en la compraventa del Hotel Eurocalas, en la isla mallorquina.

El fundador de Nueva Rumasa está citado este jueves en los juzgados de Palma de Mallorca para responder a una orden de busca y detención decretada por la jueza a partir de las 12.00 horas. La instructora de la causa espera indagar en la presunta estafa de 13,9 millones de euros en la que habría incurrido el empresario mediante la compraventa de un hotel de Mallorca.

El procedimiento judicial continúa a raíz de la querella presentada por la sociedad Inversiones Grupo Miralles (IGM) por la presunta estafa en la compraventa del hotel Eurocalas. Más tarde, la denuncia fue ampliada al atisbar indicios de que la mercantil que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos.

Fue en mayo de 2006 cuando Grupo Miralles formalizó la venta a la empresa Calwell del 99,99% del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros. Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.

"De mala fe"

"Todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su ‘acreditada solvencia de cara a la galería’ gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España, y tampoco lo tenía la entidad Montumo", denunciaba la querella del Grupo Miralles, representado en la causa por la letrada Isabel Fluxà.

Sobre el empresario y sus seis hijos varones, también imputados, pesa una fianza de responsabilidad civil de 18,5 millones de euros, mientras que también tienen retirado el pasaporte y prohibido abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial.

 

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