¿Dónde está el Gobierno de España a la hora de apoyar a las empresas turísticas españolas, rehenes de la abultada deuda que acumula Venezuela?…
Sorprende la doble vara de medir de un Gobierno, cuya ministra de Fomento no dudó en volar a Panamá para mediar en el conflicto de la constructora Sacyr con la autoridad portuaria del Canal de Panamá. Y eso que, en este caso, Sacyr es uno más de un grupo adjudicatario formado por empresas de varios países, y el conflicto surge del encarecimiento de la obra. Nada que ver con lo ocurrido en Venezuela, donde Globalia acumulaba en enero 150 millones de euros de ingresos (y tanto o más Iberia, y otras compañías aéreas europeas), por la venta de pasajes de Air Europa, cuyo importe no puede repatriar. Ni tan siquiera recurriendo al trueque: cobrando parte en petróleo (del que el país iberoamericano es uno de los grandes productores) o, incluso, en bonos del Estado.
¿Qué hace el ministro de Industria, Energía y Turismo por el Sector, en conflictos como el del corralito venezolano, que ponen en jaque a nuestras empresas líderes?… Sorprendentemente, en enero el Gobierno ni tan siquiera conocía lo ocurrido. Y han tenido que ser los presidentes de Globalia e Iberia quienes le hicieran ver su gravedad.
Aunque el prestigio internacional y la capacidad de influencia de España no pasan por su mejor momento, el Gobierno y el servicio exterior (la diplomacia) tienen un importante papel que jugar en la defensa de los intereses de las empresas españolas en el mundo.
Y es que esa fue una de las promesas del Gobierno Rajoy: poner nuestras Embajadas, junto al ICEX, a trabajar para impulsar la exportación y a velar por nuestros intereses económicos en el exterior, al igual que hacen desde siempre las potencias económicas, empezando por Estados Unidos.
En contraste con la falta de apoyo al Turismo, sorprende ver cómo este Gobierno se vuelca con la energía, en cuestiones tan controvertidas como las prospecciones petrolíferas del Mediterráneo, que chocan frontalmente con los intereses turísticos y amenazan con poner en pie de guerra a la ciudadanía e instituciones de las Comunidades de Baleares y Valencia.
Defender los legítimos intereses del primer Grupo turístico y de una aerolínea histórica como son Globalia e Iberia, debiera ser una prioridad para el Gobierno de España. Máxime cuando lo único que se le requiere es que intermedie para que puedan cobrar lo que es suyo. E incluso aunque las vías diplomática o de relaciones bilaterales fallaran, el Gobierno dispone de herramientas financieras, por ejemplo a través del ICO, para salvar una situación que lastra a nuestras empresas líderes.
¿Tenemos o no un ministro de Turismo en España?
Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
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