Esta sociedad nació, en julio de 2010, con la vocación prioritaria de actuar desde el ámbito público en el proyecto de capital privado del aeropuerto de Ciudad Real. Desde su constitución, asegura la Junta, la actividad de SIA se ha limitado a la firma de dos contratos de patrocinio con la compañía Vueling Airlines, cuya vigencia expira el próximo 31 de octubre, que han supuesto un gasto de 2.344.723,65 euros. Por otra parte, la plantilla de personal de esta sociedad, formada por tres personas, el director gerente, el jefe de administración y la secretaria de dirección, supone un coste anual de 179.989,56 euros.
"Es evidente que SIA no ha respondido al fin pretendido con su creación, ya que su actuación no ha contribuido a la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real, el cual, como es sabido, se encuentra inmerso en concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil número 4 de Ciudad Real", continúa el Gobierno regional. El departamento que dirige Marta García de la Calzada asegura que el objetivo para el que fue creada SIA "ya no resulta razonable seguir persiguiéndolo".
En consecuencia, advierte, su mantenimiento a cargo de fondos públicos supondría un gasto para el ciudadano "sin apenas rentabilidad social", que resulta "incoherente" con la "política de austeridad y de eficiencia del gasto público que resulta necesario adoptar". No obstante, destaca que es "deseo" del Gobierno regional que el proyecto del aeropuerto de Ciudad Real culmine con "éxito", si bien, "sin impacto" para el contribuyente castellano-manchego.
En consecuencia, y ante la constatación de que el interés común que ha de defender el Gobierno de Castilla-La Mancha y al que se ha de supeditar cualquier asignación de recursos públicos, "máxime en las actuales circunstancias", no se cumple con la SIA, la Consejería de Fomento, a la que está adscrita la mencionada sociedad, propone la disolución de la misma.
En manos del juez
Finalmente, la Consejería de Fomento ha dejado claro que la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real "no es responsabilidad" de la Junta de Comunidades por tratarse de una iniciativa de capital "íntegramente privado", como tampoco lo es, "lamentablemente", que la asignación de los recursos haya resultado "equivocada", motivo por el cual se encuentra sometido a procedimiento judicial de concurso de acreedores, condición ésta que pone en manos de los administradores concursales designados por el juez, la responsabilidad de tomar las decisiones que garanticen el mejor destino del aeropuerto de Ciudad Real.
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