Se complica cada vez más la entrada de la sociedad Nialca Congresses S.L. como nuevo socio privado en la empresa que actualmente tiene la explotación de la instalación pública del Palacio de Congresos de Granada.
El asunto, que ya ha sido tratado varias veces en el Consejo Rector del Consorcio del Palacio, ha quedado paralizado ante las serias dudas que presentan las garantías y la solvencia que ofrece esta esta firma.
El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido desde el primer momento la autorización del cambio, incluso con el anuncio por parte del alcalde, Paco Cuenca, de inversiones millonarias a las que el nuevo empresario estaría dispuesto a ofrecer.
Sin embrago, la Junta de Andalucía que controla el 66% del Consorcio ha manifestado en reiteradas ocasiones sus dudas sobre la solvencia de la empresa, especialmente, después de haber recibido los informes jurídicos y técnicos emitidos por el Servicio Jurídico del Consorcio Palacio.
El Palacio de Congresos es fuente de dinamización turística, económica y social para la provincia de Granada.
Tras la celebración de un nuevo consejo rector para tratar este asunto, la Junta de Andalucía se ha opuesto a dar luz verde a la operación de cambio empresarial por las «importantes discrepancias» de los informes, que no ofrecen seguridad jurídica alguna.
Según se extrae de los estos informes, las discrepancias residen en la venta del 50% del accionariado a la Sociedad Anónima que opta a la explotación del Palacio de Congresos y la capacidad económica y técnica de la misma para explotar el edificio de conferencias y eventos, «sin menoscabo de las inversiones que se quieren desarrollar en los próximos meses y que no deberían asociarse al cambio». Este es el punto de mayor fricción con la postura del Ayuntamiento, que asocia las inversiones con la entrada del nuevo socio privado.
Las dudas de la Junta de Andalucia
El gobierno andaluz tomará medidas al respecto y pedirá a la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, máximo órgano de decisión en materia de contratación de la comunidad autónoma, que determine si finalmente y dadas las discrepancias conocidas, aprueba la venta del accionariado a la Sociedad Anónima. Concretamente, la petición de la Junta irá encaminada al pronunciamiento de la Comisión sobre si la Sociedad Anónima compradora del 50% del accionariado tiene la capacidad económica y técnica necesaria para explotar el Palacio de Congresos «con plenas garantías».
La Junta de Andalucía entiende, en su 66% de participación en el Consorcio, que el Palacio de Congresos es fuente de dinamización turística, económica y social para la provincia de Granada. Tal es así que el turismo ‘MICE’ conlleva un impulso fundamental para el sector de la hostelería y el hospedaje «que Granada no debe perder».
La Junta, a través de una nota informativa, ha querido señalar que «No frenamos el desarrollo del Palacio de Congresos, pero sí exigimos garantías jurídicas y, el informe jurídico-técnico que conocemos, no garantiza las solvencias exigibles conforme al pliego que dictamina la cesión de las acciones y el gobierno de la Junta de Andalucía no puede obviar este punto en el desarrollo óptimo del proceso, por el que debe velar jurídicamente en todo momento».
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