Nuevo patinazo en Estrasburgo. La delirante propuesta aprobada por la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, por la que las agencias de viajes deberían informar a los viajeros sobre los retrasos, cancelaciones y pérdidas de las conexiones, brindado asistencia (comidas y alojamiento) en caso de que fuese necesario, es otro capítulo más de la antología del disparate del Europarlamento, con el que el legislativo europeo de Estrasburgo añade más presión a las decisiones del ejecutivo de la Comisión Europea de Bruselas.
Es el enésimo dislate de la Cámara de diputados europeos
Aunque resulte increíble, la Eurocámara pretende que los agentes de viajes asistan a los pasajeros afectados por cancelaciones o retrasos de sus trenes, como hacen las compañías ferroviarias. La respuesta del Sector, en boca del líder de DRV, no puede ser más clara: «Si se nos obliga a asumir estas nuevas obligaciones, será el fin de la venta de billetes en las agencias de viajes», en palabras del actual presidente de la Asociación Alemana de Agencias de Viajes, Norbert Fiebig, quien se ve obligado a reiterar lo que resulta obvio: «La relación contractual es únicamente entre viajeros y compañías ferroviarias».
Es el enésimo dislate de la Cámara de diputados europeos, que compite con la Comisión en multiplicar las exigencias a las agencias de viajes físicas, mientras continúa mirando hacia otro lado si de intermediación digital se trata. Así, mientras la Comisión y Parlamento europeos cargan sobre los agentes la necesaria protección del consumidor, aplican manga ancha (o la ley del embudo) a las plataformas de comercialización en Internet, para las que todo vale.
Así, para las agencias de viajes físicas, que cumplen rigurosamente las normas tanto de Turismo y Consumo como las municipales, autonómicas y estatales, cuentan con su título licencia, tienen depositadas las importantes garantías que les exige la ley y suscritos los seguros de responsabilidad civil para responder ante consumidores y proveedores, mantienen abiertos sus establecimientos, cuentan con el personal en nómina, al corriente del pago de los impuestos de todo tipo… Bruselas y Estrasburgo no paran de requerirles nuevas exigencias. Mientras que el comercio electrónico y las plataformas digitales campan a sus anchas, eludiendo el pago de impuestos y dejando indefenso al consumidor.
Y cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (o sus antecedentes, los Tribunales de Defensa de la Competencia) intervienen, es para velar por unos nuevos actores para los que no hay normas y actúan como depredadores primarios.
Los resultados de este desigual trato están a la vista: la desestructuración de la intermediación, al igual que la hotelería y el alojamiento reglado (Booking y otros), el transporte de viajeros urbano (Uber y Cabify) y por carretera (BlaBlaCar)… y un largo etcétera, que incluye sectores como el cine, la música o la prensa, por citar solo tres, que agonizan ante el auge de la piratería online. Una falsa economía colaborativa (sumergida, en realidad) que está en manos de un puñado de multinacionales que actúan como oligopolios, que depredan a las pymes.
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