Los rumores sobre una posible expropiación de Aerolíneas Argentinas por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aumentan, al mismo tiempo que Marsans exige al Ejecutivo argentino que "pague" por la compañía aérea, tal y como se ha venido pidiendo desde el principio del acuerdo entre ambos. Los rumores insisten en que el Gobierno argentino podría estar considerando que "el acuerdo con Marsans se ha agotado por el paso del tiempo", si bien, el plazo para fijar un precio de venta y dar por concluido el mismo, termina el próximo día 30 de octubre, tal y como se estableció en las últimas negociaciones entre representantes de Marsans y del Gobierno.
Confirmando de alguna manera los rumores, el co-propietario de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, asegura que "estamos allí, pero nos están echando a gorrazos y veremos si aquello acaba de la mejor manera posible, que es mi deseo". Al parecer, el Gobierno argentino estaría dispuesto a realizar la operación en un plazo mínimo de tiempo, ya que el diputado socialista Ariel Basteiro ha afirmado que la expropiación será aprobada por amplia mayoría. "Seguramente la expropiación debería salir de un proyecto del Ejecutivo que será aprobado por amplia mayoría en el Congreso", señala Basteiro, quien además es ex-directivo de Aerolíneas Argentinas y ex-secretario general de un gremio aeronáutico.
No obstante, el Gobierno de Argentina niega que vaya a expropiar Aerolíneas, como ha afiramdo el secretario de Transportes, Ricardo Jaime. Este insiste en que "se respetará la Ley aprobada por el Congreso", al tiempo que postula la compra de las acciones tanto de Aerolíneas como de su filial Austral. En esta misma línea, Jaime asegura que espera reunirse con los directivos de Marsans la próxima semana.
Discrepancias en el valor de la operación
Lo cierto es que todavía no se ha llegado a un acuerdo en el precio de compra-venta de la operación. Por parte de Marsans, Credit Suisse estimó que el valor conjunto de Aerolíneas y Austral se sitúa entre 250 y 450 millones de euros, mientras que el Tribunal de Tasación de Argentina evaluó de forma negativa a las dos empresas, ya que si se descuenta el valor de la deuda, el valor neto en negativo es de unos 600 millones de dólares. En el acta firmado entre ambos el pasado 17 de julio se estableció que, si no se llegaba a ningún acuerdo, se recurriría a un tasador independiente. Al respecto, fuentes de Marsans señalan que "el texto habla de un rescate del Estado en el caso de que no haya acuerdo, pero no de expropiación".
En cualquier caso, la operación se enmarca en un proceso de nacionalización de empresas en el que está inmerso el Gobierno argentino. Una de las últimas operaciones anunciadas por su presidenta es la reforma del sistema de pensiones, por la que nacionalizará dichos fondos privados, debido a la pérdida de rentabilidad de sus suscriptores tras la crisis de las ‘subprime’. Díaz Ferrán se ha referido a ésta decisión como "mala para Argentina, mala para los empresarios con intereses en el país y para todo el mundo iberoamericano".
