La UE ha aprobado una nueva norma comunitaria para limitar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera. España ha logrado un apoyo mayoritario para su propuesta de compromiso, que es más restrictiva que el plan original de la Comisión, y aumenta el número de casos en los que se necesita autorización previa para ir a tratarse en el extranjero, con el objetivo de limitar el Turismo sanitario.
Sólo Polonia, Portugal, Eslovaquia y Rumanía se opusieron al compromiso español alegando que la nueva norma pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales en un momento de crisis y reclamando todavía más límites para los tratamientos transfronterizos. "Hemos alcanzado ya una amplia mayoría sobre el acuerdo político que presenta la presidencia en colaboración con la Comisión", ha destacado la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, al término del debate, señalando que "es una propuesta realista en la que todos hemos cedido un poco".
Jiménez logró bloquear, el pasado mes de diciembre, el anterior borrador de esta directiva alegando que no garantizaba una atención de buena calidad y que supondría un coste adicional para la sanidad española de 2.000 millones de euros anuales. Entonces apoyaron a España Portugal, Rumanía, Grecia, Polonia, Lituania y Eslovaquia.
La normativa final
La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recibir tratamiento en otro Estado miembro y tienen derecho a que se les reembolse el coste a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE, justificando que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.
El borrador anterior de la directiva obligaba a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a una consulta privada de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertada. Así, la presidencia española ha introducido nuevas limitaciones para los pacientes que quieren ir a tratarse a otro Estado miembro, con lo que el acuerdo final permitirá a España exigir autorización previa para los tratamientos privados en el extranjero y denegarla alegando que no garantizan una calidad suficiente.
Asimismo, el compromiso final dispone que si un jubilado residente en España va a tratarse a su país de origen, será este Estado de afiliación el que pague y no donde resida como aseguraba el borrador anterior. Pero, si el mismo jubilado va a tratarse a otro país que no es el de su origen, sería España la que pague.
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