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Los hosteleros vascos piden al Ayuntamiento donostiarra que paralice las sanciones por ‘supuestas’ infracciones del aforo máximo

La Asociación de Hostelería de Euskadi ha pedido al Ayuntamiento de San Sebastián que, hasta que no se pronuncien las "instancias judiciales competentes", paralice "inmediatamente" todas las sanciones que se han impuesto a los establecimientos por una "supuesta superación del aforo" .

La organización empresarial ha denunciado una "campaña de acoso" al sector hostelero basada en la superación de "presuntos aforos máximos" que "se encuentran en discusión a día de hoy" y ha manifestado que "no es cierto", como quiere hacer ver el Ayuntamiento donostiarra, que la capacidad máxima de estos establecimientos venga determinada en su licencia de actividad o apertura. 

"A falta de dicho dato en la licencia, debe concretarse el aforo máximo en aplicación de la normativa vigente en el momento de concesión de aquélla", ha añadido.

Igualmente, la asociación ha apuntado que la normativa de aplicación y, "en contra de lo que pretende el Consistorio", debe ser interpretada con el fin de "concretar una cifra de aforo máximo que permita obtener la exigible seguridad jurídica de los profesionales de la Hostelería". A su juicio, el Ayuntamiento hace una interpretación "restrictiva, arbitraria e injustificada" de la norma, además de "notablemente lesiva para los intereses del Sector".

Una opinión respaldada por informes ‘exhaustivos’

La organización ha presentado "en multitud de ocasiones" estudios técnico-jurídicos "exhaustivos y perfectamente documentados", suscritos por técnicos competentes, en los que se concluye que el aforo máximo de estos locales es "muy distinto y superior" al que dice el Ayuntamiento". Por ello, la asociación se ha visto "obligada" a acudir a los tribunales de justicia del orden contencioso-administrativo.

"Serán dichos tribunales quienes determinen definitivamente qué interpretación es la correcta en cuanto a los aforos máximos, si la municipal o la nuestra", ha apuntado.

Hasta que estos organismo no se pronuncien, la organización hostelera ha pedido que se paralicen los expedientes sancionadores y ha asegurado que, si los Tribunales les dan la razón y estos expedientes no se hubieran anulado, las arcas municipales tendrían que hacer frente a un coste "muy importante", que "no tendrían por qué soportar los contribuyentes".

 

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