Los hosteleros andaluces han recordado que cada Comunidad autónoma "interpreta y aplica el decreto" y que el caso de Aragón "no tiene nada que ver con el de Andalucía" puesto que la primera es una de las tres Comunidades "donde más ha aumentado la venta y consumo de tabaco".
Así, han manifestado que la Administración aragonesa pretende aplicar "una medida política frente a este problema social" teniendo en cuenta una situación que nada tiene que ver con Andalucía, donde la venta de tabaco "ha descendido desde la aplicación del decreto".
En este sentido, los empresarios han opinado que, en el hipotético caso de una Ley Antitabaco más restrictiva, su aplicación sería "muy complicada" y supondría "darle la razón al Sector" que desde el principio había defendido "la prohibición total en Andalucía" para evitar "los enormes gastos en la separación por mamparas y la instalación de extractores". "Hemos hecho inversiones importantes con la promesa de que no se endurecería la Ley, por lo que esperamos que esto se cumpla y no se establezca una prohibición total", han añadido.
Además, la federación ha apuntado que el endurecimiento de la norma hasta declarar libres de humo todos los restaurantes y bares "sería una incoherencia que no entenderíamos y causaría un importante perjuicio económico" y ha apuntado que esta hipotética medida les perjudicaría "doblemente" ya que habría que tener en cuenta "las inversiones ya acometidas en los establecimientos" y "la obligación de volver a adaptar los locales a espacios abiertos".
Propuesta del Gobierno de Aragón
El departamento de Salud y Consumo del Gobierno de la Comunidad autónoma había apostado por avanzar en la regulación del consumo de tabaco en la Hostelería y conseguir que todos los establecimientos fueran libres de humo para "avanzar en las medidas sanitarias frente al tabaquismo".
En este sentido, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, había declarado que la actual Ley es "insuficiente y es prioritario modificarla a nivel estatal" ya que no se justifica que la norma sea diferente en cada Comunidad autónoma.
El Gobierno de Aragón hizo 2.809 inspecciones en 2007, de las cuales 2.607 se llevaron a cabo en establecimientos hosteleros y se sancionaron a 200 establecimientos con multas de 600 a 5.000 euros.
De todas las inspecciones, 1.382 se efectuaron en Zaragoza, 1.026 en Huesca y 401 en Teruel.
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