Los ministros de Transporte de la Unión Europea han aprobado una normativa que garantizará indemnizaciones para los pasajeros de barcos afectados por retrasos y cancelaciones, reforzando a su vez los derechos de los viajeros discapacitados, a los que las navieras no podrán denegar el embarque y deberán prestar asistencia. Dicho reglamento, que ya se había reconocido a los pasajeros aéreos y a los de tren, tiene que ser aprobado por la Eurocámara.
En caso de cancelación o retraso de más de dos horas de un servicio de transporte marítimo o un crucero, la empresa estará obligada a ofrecer comida y alojamiento a los viajeros que tengan que pasar una noche en el puerto. Además, si se cancela un viaje, la empresa de transportes debe ofrecer al pasajero dos alternativas: o la conducción al destino final en la primera ocasión que se presente o el reembolso del precio del billete y, si procede, un servicio de vuelta gratuita al primer punto de partida. Por otro lado, sin renunciar a su derecho al transporte, los pasajeros podrán solicitar a la empresa una indemnización por retraso, que oscilará entre el 25% y el 50% del precio del pasaje. Este reglamento no incluye a los barcos con menos de 37 pasajeros o que tengan menos de tres tripulantes ni tampoco a los barcos que realicen circuitos turísticos, excepto los cruceros.
La UE podría limitar la emisión de CO2
Por otra parte, la Unión Europea podría limitar la emisión de gases de efecto invernadero de las empresas de transporte. En concreto, Bruselas estudia la propuesta de la presidencia de Suecia, que solicita la aplicación de una normativa para reducir antes de 2020 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del sector aéreo y del marítimo un 10% y un 20%, respectivamente, teniendo en cuenta los niveles registrados en el año 2005.
Con esta propuesta, que parece contar con un amplio apoyo entre los Estados miembros, la presidencia de turno de la Unión Europea pretende incluir a los dos sectores citados, para los que no se fijaron recortes en el Protocolo de Kioto de 1997, en el acuerdo internacional sobre cambio climático, que se firmará en diciembre en Copenhague. Estados como Reino Unido, Francia, Irlanda, Holanda, Bélgica y gran parte de los países del Este de la UE estarían dispuestos a apoyar estos niveles de reducción, mientras que otros, entre los que se encuentra España, solicitaría recortes menores.
Pese a que la gran mayoría de Estados miembros apoyan esta iniciativa, existe diversidad de opiniones acerca de cómo medir la reducción, ya que algunos países abogan por realizar los cálculos a partir de 2007, lo que supondría un recorte menos drástico. El informe técnico que está siendo objeto de análisis por parte de la UE señala que las emisiones de la aviación y del transporte marítimo aumentaron un 53% y 70%, respectivamente, entre 1990 y 2005, y se prevé que lo hagan en un 154% y un 110% hasta 2020.
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