La petición llega dos semanas después de que el titular de este órgano judicial, el magistrado Raúl Hugo Muñoz, rechazase la solicitud en el mismo sentido que presentaron Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción y apenas diez días después de que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y Junta de Andalucía suscribiesen un protocolo de colaboración para proceder a la demolición y a la posterior recuperación de la playa "una vez se produzca un pronunciamiento judicial favorable y firme".
En un comunicado, ambos colectivos conservacionistas consideran que si la Consejería andaluza de Medio Ambiente demandase esta ejecución provisional del fallo, el juzgado "deberá requerir de inmediato el derribo del hotel, un paso que aceleraría en cinco años la desaparición de este edificio turístico ilegal e ilegalizable", añaden.
Las Administraciones, exentas de depositar la fianza
En esta línea, señala que, según la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativo, las administraciones públicas "están exentas del depósito de una fianza que evite daños irreparables" a la promotora Azata ya que, según interpretan, el magistrado Raúl Hugo Muñoz rechazó la ejecución provisional en el auto fechado el pasado 3 de noviembre debido a la "imposibilidad" de depositar una fianza de unos 35 millones de euros.
"En este escrito se afirma, que en el caso de que los demandantes hubiesen podido entregar ese depósito, no hubiera habido ningún obstáculo para derribar el hotel" afirman desde las ONG. El juez subrayó en su fallo que la demolición de lo construido en el paraje de El Algarrobico "llevaría consigo perjuicios ciertamente irreparables e irreversibles" para la empresa que es propietaria del establecimiento.
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