El portavoz de la Asociación, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha mantenido una conversación telefónica con la ministra, en la que ella les ha "emplazado a una futura reunión", una vez se hayan agrupado y organizado los perjudicados. Acos considera que este gesto puede ser el inicio de una solución para los afectados por la quiebra de la aerolínea.
Conde-Pumpido ha explicado que se ha confirmado la inexistencia del seguro obligatorio o aval bancario en cobertura de las previsiones del Código de Consumidores para los supuestos de pago avanzado, lo que abre la vía de reclamación administrativa contra la Generalitat de Cataluña. En su opinión resulta "indignante" que una empresa con capital público haya dejado "tirados" a más de 4.000 trabajadores y 500.000 clientes, atomizando y "repartiendo el perjuicio entre quienes no tienen el deber de soportarlo, haciendo con ello más difícil la reclamación".
Por ello, solicitarán una entrevista con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón para pedirle un cambio de legislación en la interposición de acciones colectivas "para que la reclamaciones no cuesten más que el perjuicio y los afectados tengan derecho a una tutela judicial efectiva". Por su parte, el Ministerio de Fomento ha iniciado un procedimiento sancionador a la compañía, que podría suponer una sanción de hasta nueve millones de euros.
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