El pasado mes de agosto, la Región de Murcia aprobó un Decreto que regulaba la actividad de los OPC, estableciendo las obligaciones y garantías que una empresa debe aportar para, por un lado, garantizar un trabajo profesional a los clientes y, por otro, proteger al propio OPC del intrusismo de otras empresas. Ahora, las diferentes Asociaciones regionales de OPC, a través de sus presidentes, están solicitando a las Direcciones Generales de Turismo de sus Comunidades la regulación de su actividad.
"Desde hace años las empresas OPC desean que su actividad profesional sea reglamentada de forma oficial, a fin que se ponga término a la ilegal competencia, que tanto las OPC como las agencias de viajes, vienen sufriendo por parte de empresas y particulares", comenta el presidente de OPC España, Julio C. Abreu. Estas empresas y particulares a los que se refiere Abreu "ofrecen sus servicios sin tener la capacidad operativa ni la estructura legal pertinente a entidades y asociaciones convocantes de reuniones, convenciones y congresos, creando en la mayoría de los casos, una pésima imagen de nuestras ciudades y país ante los participantes en las mismas".
Motivos para la regulación
Julio Abreu, desde su presidencia en OPC España, reclama también esta regulación a los Gobiernos autonómicos debido al impacto económico que genera el Mercado de Reuniones en las ciudades donde se realiza y a las expectativas de crecimiento del Sector en general. "La secretaria general de Turismo, Amparo Fernández, indicó en nuestra XX Reunión Nacional que el turismo de reuniones crecerá en nuestro país un 78% en los próximos diez años", manifiesta Abreu. Además, afirma que el gasto medio de los participantes en las reuniones que se celebran en las ciudades de más de un millón de habitantes es de 600 euros al día.
Por estas razones, Abreu y los presidentes de las Asociaciones regionales de OPC creen que es necesaria la regulación de la actividad de los organizadores de congresos. Sólo la Región de Murcia tiene una normativa sobre la profesión, con lo que las 16 Comunidades restantes recogerán las peticiones de los OPC de sus territorios para garantizar su actividad.
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