"Aunque el primer afectado por el cierre de Spanair es el cliente, los grandes perjudicados son las agencias de viajes, ya que en muchos casos, por encima de sus responsabilidades, se ven obligadas a reembolsa el billete asumiendo el coste". Así de contundente se ha expresado, el presidente de CEAVyT, Rafael Gallego, al mismo tiempo que pide que "el planteamiento del BSP-IATA sea revisado". "No puede ser que haya más requisitos legales para abrir una agencia que una compañía aérea", denuncia.
Para minimizar el impacto que supone la quiebra de aerolíneas, tanto CEAVyT como las principales Asociaciones nacionales como catalanas solicitan cambios legales y la creación de un fondo de garantías, "tal y como venimos reclamando desde hace años", apunta Gallego. En este sentido, el presidente de AEDAVE, Vicente Blasco, afirma que "hay que tomar medidas para que no se vuelva a producir este perjuicio a los pasajeros", apoyando la implantación de un fondo de garantías para cubrir eventuales recalamaciones. "Es algo que se lleva hablando desde hace años, pero no termina de cuajar, por lo que es el momento de llevarlo a Bruselas", indica.
A nivel regional, el presidente de la Unión Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (UCAVE), Rafael Serra, considera "lamentable que una empresa pueda vender billetes por la tarde y declare suspensión de vuelos pocas horas después". No obstante, a su juicio es "aún más grave que la administración no disponga de herramientas útiles para paliar esta situación e impedir la indefensión y bloque de los pasajero". Finalmente, la Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV) lamenta la situación a la que ha llegado Spanair, advirtiendo que "es una muy mala noticia para Cataluña".
Concurso de acreedores con un pasivo de más de 300 millones
Mientras que las agencias trabajan recolocando a los miles de viajeros afectados, Spanair ha presentado en los juzgados de Barcelona el concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros. De dicho importe 260 millones corresponden a los accionistas, mientras que 214 millones son de acreedores. Junto al concurso voluntario, que será tramitado por el juzgado mercantil número 10 de Barcelona, también se ha presentado un concurso necesario por parte de los diferentes acreedores.
El cierre de la compañía aérea, fundada en 1986 y controlada por instituciones catalanas, afectará en tan solo la primera semana (entre el 30 de enero y el 6 de febrero) a más de 83.000 pasajeros. Asimismo, provocará la destrucción de 2.000 empleos directos —presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de la totalidad de la plantilla—, más otros 2.000 indirectos. Al respecto, el portavoz de la aerolínea, Jordi Juan, ha reconocido que "será complicado que puedan recolocarse dada la coyuntura actual".
