Los establecimientos rurales buscan avanzar en la profesionalización de este Sector y sentar las bases para continuar siendo competitivos. "Un objetivo que", a juicio del presidente del Instituto para la Observación de Políticas Rurales y Turísticas, Jesús Blanco, "se ha cumplido y ahora hay que seguir trabajando para mantener la calidad en los establecimientos y cumplir las expectativas de los clientes propios y potenciales". El encuentro, celebrado en Madrid bajo el nombre Marco de Competencia de los Alojamientos Rurales; Calidad, Nuevas Tecnologías y Eficiencia, ha centrado la atención de profesionales y administraciones sobre el futuro de esta actividad.
La creación de políticas de calidad se encuentra entre las principales "fortalezas" con las que cuenta este segmento. Un concepto que se está llevando a cabo, según las conclusiones del encuentro, "con la implantación de auditorías y certificaciones que demuestran a los usuarios el nivel de los establecimientos". Un hecho "fundamental", para el presidente del Instituto para la Calidad Turística (ICTE), Miguel Mirones. A su juicio, "la normalización le reporta al propietario una garantía de calidad". Factor diferenciador que debe ir acompañado también de "nuevos productos para un cliente que demanda servicios únicos basados en la calidad", subraya.
Una actividad ‘excesivamente burocratizada’
Uno de los puntos débiles que más interfieren en el desarrollo del alojamiento rural en España se encuentra en el «exceso de normativas y requerimientos» a la hora de abrir y gestionar un establecimiento, según los profesionales del Sector. Una diversidad de normativas regida por las legislaciones de las diferentes Comunidades autónomas o entidades locales, que pueden diferir ampliamente en función del destino.
Al mismo tiempo, la accesibilidad, no sólo para personas con discapacidades, sino también para mayores o niños es otra de las cuestiones que más afectan desde el punto de vista del cliente final. Una accesibilidad que precisamente se eleva con la aplicación de estándares de calidad y que requieren el "compromiso" del empresario y también de las administraciones públicas, según las conclusiones del simposio.
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