Se prevé una distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de la imagen de España en el exterior
El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido el pasado lunes 13 de noviembre con carácter de urgencia, ha abordado la situación que vive en estos momentos España tras los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura. A través de un comunicado de CEOE, CEPYME y ATA, han alertado «como han hecho los jueces y otras instituciones, del grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo».
En este sentido, la Mesa del Turismo de España también ha querido señalar que se adhiere a todos los puntos reflejados en los acuerdos adoptados, «apoyando la demanda del regreso a los grandes consensos políticos y sociales, y a la moderación encarnada en la Constitución».
Dicho Comité Ejecutivo asegura que «los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia». La CEOE prosigue afirmando que es «nuestra responsabilidad advertir de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española».
Más puntos
En este punto, el Comité Ejecutivo de CEOE ha defendido también el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y, en todo caso, insistimos en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica.
Además, han puesto de manifiesto que «mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado».
Por último, han mostrado su preocupación por «la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral. Acuerdos estos últimos que suponen, de facto, una vulneración del marco de relaciones laborales y de espacios de consenso». Por lo que, demandan una vuelta a los «grandes consensos políticos y sociales y a la moderación, encarnada en la Constitución».
Renuncia de inversión de MSC
MSC ha renunciado a los proyectos que tenía previsto desarrollar en la furua Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, siendo esta la principal compañía naviera que opera allí. En este caso, MSC se interesó por la zona en el año 2018, por lo que presentó un proyecto y una inversión de 19,8 millones de euros.
Además, planteó otra inversión de 35,7 millones para la construcción de una nave especializada en el transporte en frío gracias a su filial Medlog Iberia SLU. Sin embargo, las diferentes trabas burocráticas y la espera en los tribunales del ZAL, han provocado que la naviera renunciara a la inversión que había planteado inicialmente.
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