El Ejecutivo pretende así "evitar que las empresas se vean obligadas a comercializar distintas versiones de un producto o a obtener certificados o autorizaciones diferentes según donde quieran operar". Para ello, los operadores se van a someter a la legislación de origen, por lo que con la autorización, licencia, reconocimiento o cualificación que obtengan ""van a operar en el resto del territorio", explica Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta señala que "la maraña normativa es una de las quejas habituales de empresarios nacionales y extranjeros". De hecho, según apunta, "muchos inversores han visto las dificultades administrativas como desincentivos a la inversión y además se han quejado de la inseguridad jurídica que generan normativas diferentes y a veces contradictorias".
Gracias a este cambio normativo, el Ministerio de Economía y Competitividad estima que podría producirse un incremento del 1,52% del producto Interior Bruto (PIB) en diez años, lo que linealmente significa un 0,15% de aumento anual, en torno a 1.500 millones de euros al año. "Es por tanto una norma con ventajas para todos, no inconvenientes, pero de ahorro muy importante para el conjunto del sistema", sentencia.
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