La delegada de Medio Ambiente en Cádiz, Gemma Araujo, explicó que esta construcción "no tiene, además, posibilidad de legalizarse", puesto que se sitúa en una vía pecuaria, tal y como se denunció en su día. Una vez resuelto el expediente, se comunica al propietario que tiene que hacer efectiva la orden de demolición y "si no la realiza en un plazo prudencial, será la Consejería de Medio Ambiente la que restaure la legalidad de forma subsidiaria", aunque luego sea el propietario quien costee la demolición, explicó.
Fuentes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente detallan que este hotel rural fue denunciado en 2001 por un agente de medio ambiente porque invade especio natural protegido —se levanta en el Parque Natural Sierra de Grazalema— y, además, se sitúa en una cañada real. En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente inició un procedimiento administrativo que tuvo que paralizarse debido a que se inició otro procedimiento por la vía penal contra el propietario por un posible delito contra la ordenación del territorio, del que quedó absuelto en el año 2004.
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