A pesar de enfrentarse a los paquetes ‘todo incluido’, a la escasa promoción nacional e internacional, a las diferentes normativas y a la poca ayuda de la Administración, la oferta (plazas por número de alojamientos rurales) se ha incrementado un 5,5% durante este año 2011. "La oferta sigue aumentando a pesar de la crisis. En septiembre había 15.537 alojamientos, un 5,76% más con respecto al mismo periodo de 2010", apunta el director de Comunicación de Toprural, Joseba Cotazar.
No obstante, el pronóstico a corto/medio plazo no es halagüeño ya que las pernoctaciones podría caer hasta un 40% en los próximos seis meses según los datos que manejan la Asociación de Profesionales de Turismo rural, Autural y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España, UPTA.
Además, podría acentuarse la tendencia de reservar a última hora que ya ha pasado de 18 días de antelación (octubre de 2010) a 3,5 días antes de iniciar el viaje. A este problema se suma que la duración de las estancias han pasado a ser ‘escapadas’ de fines de semana y es posible que se queden reducidas a salidas de una noche. Los propietarios, en un esfuerzo por ocupar sus instalaciones, han llegado a bajar en un 25% sus precios con respecto a las tarifas marcadas en 2010.
Reivindicaciones del Sector
Todas las agrupaciones del sector del turismo rural coinciden en sus reclamaciones: más visibilidad internacional, regulación de los horarios de las oficinas de turismo, mayor implicación por parte de la Administración pero, ante todo, una línea de actuación homogénea para las 17 comunidades autónomas.
Crear un sistema de categorización único sería un primer paso. Esta iniciativa ya se ha puesto en marcha en Castilla y León, donde las espigas se utilizan como sinónimo de calidad. "Cinco espigas es sinónimo de excelencia mientras que una se traduce en un servicio digno pero sin grandes lujos", comenta el presidente de la Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de Turismo Rural (Acaltur), Luis Rodríguez.
Para concluir, UPTA reclama que el sector debería contar con unas líneas de actuación y fomento, con una fiscalidad basada en el hecho de la estacionalidad de la actividad, con oportunidad de cotizar en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), con una comisión de trabajo que analice las posibilidades de homogeneizar los diferentes tipos de alojamientos y, sobretodo, con un exhaustivo control e inspección de la oferta ilegal.
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