Ocho de estos expedientes han finalizado en resoluciones sancionadoras, uno de ellos a Airbnb Online Services Spain, SL, a quien se ha sancionado con 30.000 euros. La infracción principal es comercializar habitaciones individuales en domicilios particulares, una oferta ilegal al margen de la normativa que no puede garantizar al usuario la calidad del servicio. "Quiero recordar –ha explicado el consejero Puig- que el Decreto 159/2012 del DEMO en su artículo 66.2 dice muy claramente que no está permitida la cesión temporal de estancias fragmentadas de viviendas de uso turístico y por lo tanto no se pueden comercializar viviendas que no estén adecuadamente registradas".
El consejero ha asegurado que "el Gobierno de Cataluña no está en contra de la economía colaborativa, creemos que es un nuevo canal para poner en contacto consumidores con proveedores, para generar nuevos modelos de negocio, y para aprovechar las nuevas tecnologías para generar nuevos canales de comercialización y distribución, pero las reglas del juego deben ser las mismas para todo el mundo". Puig se ha mostrado convencido de que "la economía colaborativa no quiere decir economía sumergida, ni contratación ilegal, ni fraude fiscal, ni riesgos para los consumidores. Convencidos de ello, la economía colaborativa debe comercializar y transaccionar de acuerdo con las normas sectoriales que existen".
La Administración de la Generalitat de Cataluña es la primera administración en el ámbito de la Unión Europea que ha impuesto una sanción por comercialización de oferta ilegal a la compañía Airbnb. Felip Puig ha afirmado que "hemos exigido a nuestros empresarios y autónomos que hagan una apuesta muy importante por cumplir unas determinadas reglas, unas determinadas normas en materia de seguridad, de calidad, de garantía ambiental, etc. Y estas normas las debe cumplir todo el mundo".
El consejero Puig ha subrayado que "Airbnb puede perfectamente comercializar apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, cualquier oferta de alojamiento que esté registrada y acreditada en Cataluña. Si Airbnb cree que se pueden modificar algunos aspectos normativos evidentemente que podemos hablar, pero mientras hay que cumplir la normativa vigente".
Posibles medidas
En el caso de que Airbnb continúe comercializando oferta ilegal en Cataluña, la Generalitat estudia iniciar un procedimiento para impedir el acceso a su plataforma digital desde cualquier IP situada en el territorio catalán. Para ello, se requerirá de la cooperación de las operadoras suministradoras de servicios de telecomunicaciones, dado que la Generalitat de Cataluña no es competente en materia de telecomunicaciones.
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