El Parlamento Europeo reconoce que la legislación ha de adaptarse a la incipiente economía colaborativa, si bien aboga por una reacción "mesurada y adecuada, en particular por parte de las autoridades públicas en el ámbito fiscal y normativo". Según expone, ante el "rápido crecimiento" experimentado por este modelo de negocio, cuyo peso en el Turismo asciende ya a 1%, "es necesario clasificar correctamente las actividades de los proveedores con objeto de distinguir claramente entre servicios informales, colaborativos ad hoc y profesionales, a los que son aplicables normativas apropiadas".
En un documento remitido a la Comisión Europea, la Eurocámara también hace hincapié en que "las empresas tecnológicas que actúan como facilitadores deben informar a los proveedores sobre sus obligaciones y sobre cómo respetar plenamente las legislaciones locales". Por otro lado, insta a la Comisión a que realice un estudio para "evaluar el impacto económico de la economía colaborativa y sus repercusiones en el Sector Turístico, los consumidores, las empresas tecnológicas y las autoridades públicas".
Defiende su ‘impacto positivo’
Según el Parlamento, a comienzos de 2015 había cerca de 500 plataformas dedicadas a la economía colaborativa en el Turismo. Y es que esta rama de actividad es en la que más ha proliferado este tipo de consumo, especialmente en el transporte, que acapara el 50% de las operaciones.
A pesar de que la economía colaborativa ha sido objeto de críticas por crear condiciones desiguales respecto al modelo tradicional, el informe defiende que "el impacto positivo ha sido superior a los efectos negativos, en vista del gran aumento de la oferta para los consumidores". Además, entiende que se dan beneficios socioeconómicos "que van más allá de los producidos por el sector tradicional del Turismo, como un servicio y un contacto con la población local mucho más auténticos".
"Un ejemplo de efecto positivo: cuando, con motivo de acontecimientos de gran envergadura, se agota la capacidad máxima de los alojamientos tradicionales, los nuevos servicios de alojamiento sirven de complemento al número oficial de camas", argumenta. No obstante, aclara que "las actividades económicas propias de las empresas deben enmarcarse en sus obligaciones como empresas registradas y todo beneficio debe considerarse como un ingreso, en consecuencia, imponible".
