La Comunidad Valenciana ha dado un paso más en su batalla contra la estructura actual del llamado Turismo sanitario con la aprobación, por parte de las Cortes Valencianas el pasado mes de mayo, de la Ley de Aseguramiento del Sistema Sanitario Público de la Comunidad. La medida, que en ningún caso supone la no atención a los turistas, permitirá el cobro del coste generado por los turistas a sus países de origen.
El objetivo teórico de la Ley, que nace de un Decreto puesto en marcha por el actual consejero de Sanidad, Manuel Cervera, es crear un marco legal que permita una mejor "sostenibilidad financiera del sistema sanitario valenciano", apuntan desde la Consejería. La iniciativa permitirá sistematizar y profundizar en la información del sistema sanitario para que, llegado el momento, se pueda reclamar el cobro de las facturas a otras autonomías e, incluso, a terceros países.
La Comunidad Valenciana ocupa el tercer lugar, a nivel nacional, por desplazamiento de viajeros, y quinta, por llegada de turistas internacionales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La prestación de asistencia sanitaria a estos desplazados supone anualmente un gasto de 210 millones de euros, de los que 85 millones corresponden a residentes extranjeros.
El conseller valenciano ha solicitado al Gobierno español en reiteradas ocasiones, que defienda ante la Unión Europea (UE) una devolución más ágil de los gastos sanitarios y de farmacia que generan los turistas, ya que "en la actualidad, la facturación llega tarde o con varios años de retraso", aseguraba en su momento a este Diario. A consecuencia de la demora en el pago, y de la aplicación de los criterios de reparto recogidos por la normativa estatal vigente, Cervera aseguraba que "la Comunidad deja de percibir más del 20% de la facturación neta generada".
En línea con la Unión Europea
La norma va en línea de la iniciativa puesta en marcha por la UE, por la que incentivará a aquellos países miembro que colaboren con el Turismo sanitario. De modo que "la economía no se convierta en una barrera en el intercambio de pacientes europeos", aseguraba el presidente de la Comisión de Medio ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, Miroslav Ouzky. "De modo que la atención recibida por los enfermos en países extranjeros sea facturada en el país donde es tratado y sufragada por la seguridad social del país originario del paciente", añadía. Al respecto, la Comisión Europea inició un proceso contra España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por la negativa de las autoridades españolas de conceder un reembolso por el coste hospitalario que generen sus ciudadanos en el extranjero, tal y como expone la sentencia Vanbraeckel.
