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La Cámara de Diputados se reúne para concretar el proyecto de Ley que expropiará a Aerolíneas Argentinas

Antes del 20 de diciembre de este año, está previsto que se apruebe el proyecto de Ley por las dos Cámaras del Gobierno argentino, que permitirá la expropiación de Aerolíneas Argentinas a Marsans. Por su parte, el grupo turístico español, está a la espera del dictamen para poder emprender acciones legales contra la compañía aérea.

Ayer tuvo lugar en la Cámara de Diputados argentina, una sesión especial en la que se ha discutido el proyecto de Ley para expropiar Aerolineas Argentinas y Austral a la compañía turística española Marsans, en la que sólo incidieron en la fecha de plazo de la aprobación de la misma, antes del 20 de diciembre. Concretamente, el proyecto de Ley que se discute en el Pleno de Diputados declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece la Ley 21.499, las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral y sus controladas Optar, Jet Paq y Aerohandling".

La iniciativa para expropiar las compañías aéreas cuenta con el respaldo de la mayor parte de los legisladores del partido Frente para la Victoria y de varios partidos menores, quienes han emitido un dictamen favorable a la expropiación en el pleno de las comisiones de Legislación General y Presupuesto celebrado la semana pasada.

Marsans a la espera de emprender acciones legales

Desde la directiva de Marsans, han anunciado que están a la espera de que se concrete la expropiación, ya que si esto ocurre, tienen previsto recurrir a los tribunales nacionales y al CIADI, el tribunal de resolución de controversias que depende del Banco Mundial, para reclamar una indemnización.

El Gobierno argentino y el grupo Marsans firmaron un acuerdo el pasado 17 de julio para la venta de las acciones al Estado, pero la iniciativa no prosperó debido a las tasaciones realizadas a las dos empresas. La propuesta desde el banco Credit Suisse —designada por Marsans— establecía un valor para las dos aerolíneas de entre 205 y 400 millones de dólares y el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un valor negativo de entre 832 y 622 millones de dólares. El acta preveía que en caso de desacuerdo se debería recurrir a un tercer tasador, pero el secretario de Transportes, finalmente rechazó esa posibilidad.

 

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