Para resolver el conflicto, el Gobierno designó un mediador entre las partes y, ante la falta de acuerdo, estableció posteriormente un arbitraje obligatorio, cuya decisión fue recurrida por Iberia Express ante la Audiencia Nacional al entender que le afectaba y no se había podido pronunciar al respecto. En su sentencia, los magistrados exponen que Iberia Express debía estar presente en el laudo, ya que éste le obligaba a aplicar un convenio que le limitaba su posibilidad de contratar a sus pilotos, restringía su capacidad de obrar y, "todo ello, sin haberle dado la ocasión de formular alegación alguna en el procedimiento arbitral".
Además, se considera que los motivos y objetivos de las huelgas que se pretendieron solucionar con el arbitraje tenían su base en la creación de la filial de ‘bajo coste’. Es por ello que la Audiencia Nacional sentencia que "no cabe considerarla en modo alguno ajena a un conflicto que viene pivotando en torno a su existencia y funcionamiento desde el inicio, y al que el laudo pretende dar solución".
La sentencia añade que Iberia Express no fue convocada a ninguna reunión ni se solicitó a Iberia que actuara en su nombre o que le transmitiera la convocatoria, por lo que se aprecia "un defecto procedimental esencial en la tramitación del arbitraje". Por todo ello, la Sala de lo Social declara la nulidad del laudo impugnado y ordena trasladar las actuaciones hasta el momento previo a dar audiencia a las partes al objeto de escuchar a Iberia Express.
