El informe provisional, presentado por la administración concursal el pasado 31 de julio, revela que los activos de la sociedad están valorados en 53,8 millones de euros, y los créditos generados desde el inicio del procedimiento alcanzan los 78,8 millones de euros. De éstos, la partida más importante son las indemnizaciones por despido de personal, una cifra que asciende a 76,2 millones de euros. Los interesados tienen un plazo de diez días desde la publicación de este informe para impugnarlo si lo consideran necesario, y finalizado este plazo la administración concursal deberá contestar en un nuevo plazo de diez días a estas posibles impugnaciones.
Una vez el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona resuelva estas impugnaciones, la administración concursal presentará el informe definitivo y será cuando se abra la fase de convenio o de liquidación, según lo más conveniente para los acreedores de Spanair, un proceso que en global puede durar alrededor de tres meses. Sin embargo, el hecho de que los créditos de los acreedores aparezcan en el informe no conlleva que vayan a ser cobrados por los interesados, sino que dependerá de que la desaparecida aerolínea disponga de liquidez.
Por otro lado, la administración concursal está negociando, desde la declaración del concurso, la devolución del precio de los billetes vendidos por agencias de viajes y no utilizados por los usuarios. Durante este tiempo también se han resuelto los contratos de arrendamiento financiero operativo de los 31 aviones de la aerolínea, lo que supuso ahorrar más de 300.000 euros diarios en costes de alquiler y de aparcamiento de las aeronaves en los aeropuertos y la recuperación de alrededor de dos millones de euros en garantías.
