La llamada al orden de la ministra de Fomento, Ana Pastor, convocando a una reunión a compañías aéreas y otros transportistas, para que trasladen al precio de los billetes la bajada de los precios del petróleo es, además de una acción descaradamente electoralista, un ejercicio de hipocresía. El Estado se financia con la gran fiscalidad que aplica a los derivados del petróleo que los transportistas usan como combustible en los modos de transporte. La mayoría del precio que transportistas y viajeros pagan por el combustible corresponde a impuestos. Por lo que el Gobierno es no solo el primer beneficiario de la venta de derivados del petróleo, sino quien más puede incidir en su precio, con solo reducir la presión fiscal que le aplica.
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