En el marco de la transposición de la Directiva de Viajes Combinados, cuya fecha límite de entrada en vigor es el próximo 1 de julio, la Federación Territorial de Asociaciones Empresariales de Agencias de Viaje de España (FETAVE) solicita la supresión de los avales y fianzas que deben aportar las agencias ante la Administración, así como la modernización de la normativa sectorial. A su juicio, la introducción del sistema de protección del viajero recogido en la Directiva de la Unión Europea «es mucho más eficaz».
Las agencias conservan un nivel de intervención administrativa más propio de otras épocas
Para la Federación que preside César Gutiérrez, «las agencias conservan un nivel de intervención administrativa más propio de otras épocas, lo que resulta una anomalía en el conjunto de la regulación de los sectores económicos». Además, entiende que esta situación «se ve agravada por ser diferente en cada una de las Comunidades autónomas dada su competencia exclusiva y, sin perjuicio, de que las agencias compitan en el mismo mercado».
Importancia de la armonización normativa
Por otro lado, insta a las autoridades competentes a aprovechar el cambio que traerá consigo la transposición de la Directiva de Viajes Combinados para lograr la ansiada «armonización normativa». En este sentido, revela que el artículo 4 de la citada Directiva establece que «los Estados miembros no mantendrán ni establecerán, en su derecho nacional, disposiciones contrarias a las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas que den a los viajeros un nivel diferente de protección», lo que obliga a los estados de la Unión Europea a «aplicar de forma armonizada los preceptos y requisitos establecidos por la norma europea para alcanzar la organización efectiva del mercado turístico».
FETAVE resalta que esta disposición «permite dar respuesta a una de las solicitudes de las agencias de viajes, que llevan reclamando la necesidad de establecer unas reglas comunes y unificadas en el mercado turístico que evite la dispersión normativa». Se garantizaría así una «competencia en igualdad de condiciones entre todos los operadores turísticos de la Unión Europea y, en segundo lugar, entre los de las diferentes Comunidades autónomas.
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