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Facua pide más inspecciones a agencias de viajes

Facua espera que casos como el de la agencia Wiajera (Córdoba), cuyo cierre ha dejado a decenas de personas sin poder viajar y con los billetes pagados desde hace meses, sirvan para que la Junta de Andalucía "realice inspecciones periódicas a las agencias de viajes exigiendo los requisitos mínimos que establece la ley para el desarrollo de su actividad". "Podrían evitarse casos en los que los responsables de estas empresas desaparecen con el dinero de los afectados, dejándoles sin la posibilidad de realizar sus viajes", argumenta.

La agencia nunca llegó a formalizar con la compra de los billetes

Según detalla, el modus operandi de Wiajera «consistía en cobrar a los afectados por la reserva de los billetes, llegando incluso a entregar un justificante para dar más credibilidad a la compra, aunque la empresa nunca llegó a pagar y formalizar con la compra de los pasajes con la compañía aérea o la mayorista». La mayoría de los afectados son migrantes latinoamericanos, que habrían llegado a pagar hasta más de 1.500 euros.

Facua Córdoba advierte que la agencia tenía la obligación de tener un seguro de, como mínimo, 100.000 euros, ya que todas las empresas del Sector tenían de plazo hasta el pasado mes de junio para adaptarse a la revisión al alza de las garantías establecidas por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Además, lamenta que la Administración «todavía no haya informado a los afectados por el cierre de Wiajera de que tienen la posibilidad de acogerse a este seguro y así recuperar su dinero, ni tampoco del protocolo a seguir».

Su recomendación es que los damnificados dirijan a la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba aportando la documentación que dispongan del viaje contratado. Por último, espera que la Delegación de Turismo haya exigido el aval a Wiajera, como forma de garantizar la protección de los consumidores. De lo contrario, la asociación deja constancia de que podría ocurrir algo parecido al reciente caso de iDental, donde la Delegación de Salud no comprobó que la clínica de Córdoba tuviera seguro de responsabilidad civil durante los dos últimos años, provocando que, tras el cierre del centro, muchos de los afectados hayan quedado indefensos.

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