A principios de marzo, el pleno del Parlamento Europeo votaba a favor de reclamar la reintroducción de la exigencia de visado para los ciudadanos de Estados Unidos que viajen a la Unión Europea. Como publicó NEXOTUR, esta solicitud es la respuesta al hecho de que el citado país se los siga exigiendo a los visitantes procedentes de Bulgaria, Croacia, Chipre, Rumanía y Polonia.
Estados Unidos lleva casi tres años sin atender las peticiones de la Unión Europea
La pretensión de los europarlamentarios es que la Comisión Europea elimine la exención de visados a los ciudadanos estadounidenses en un plazo inferior a dos meses, siempre y cuando la Administración Trump no acabe con esta exclusión contraria a la pretensión de la Unión Europea de que los derechos de los ciudadanos de sus países sean iguales. Bruselas envió hace cerca de tres años su petición a las autoridades de Estados Unidos para que reconsiderasen su postura, si bien el plazo expiró sin que hayan modificado sus requisitos de entrada para estos ciudadanos.
‘No existe una amenaza inminente’, a juicio de ETOA
A pesar de las graves consecuencias que acarrearía una medida de esta índole, la industria turística europea confía en que ambas partes encuentren una solución equilibrada. La Asociación Europea de Operadores Turísticos (ETOA) considera que no existe «una amenaza inminente» y ve «poco probable» la reintroducción de la exigencia de visados a los estadounidenses. En opinión de sus expertos, el Consejo de Unión Europea, formado por todos los Estados miembros, se opondrá a dicha propuesta, calificada como «una locura».
En palabras de su director, Tom Jenkins, la suspensión de la exención de visados supondría la imposición de «graves controles a los ciudadanos de nuestro aliado más valioso, con el consiguiente perjuicio económico». «Los países de destino tendrían que contratar a miles de empleados para procesar millones de visados innecesarios», critica. Por este motivo, urge al Consejo de la Unión Europea a «bloquear esto rápidamente» y, a su vez, recomienda al Ejecutivo comunitario que utilice los «cauces diplomáticos normales» para lograr su objetivo.
