También ha recalcado que "no se dejará coaccionar por las amenazas de la Generalitat de querellarse" contra la formación. Así lo ha señalado después de que la Generalitat defendiera la legalidad de los contratos con Calatrava y señalara que estudia acciones legales por la denuncia de EUPV ante Fiscalía Anticorrupción para que investigue esos contratos al creer que hay "serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y a la Hacienda Pública".
Al respecto, Sanz ha reprobado que las explicaciones del Consell "están llenas de contradicciones, expresadas por los propios Vicente Rambla y Gerardo Camps —vicepresidentes primero y tercero, respectivamente—, y eso que todavía no conocemos toda la documentación del tema", ha apostillado. Sanz ha remarcado asimismo que su "obligación" consiste en "denunciar el derroche de recursos públicos y la presunta corrupción en las instituciones".
La coordinadora general de EUPV ha defendido que su formación "simplemente ha cumplido con su obligación de denunciar unas actuaciones que pueden ser constitutivas de delito y que aparecen documentadas tanto en el expediente del Centro de Convenciones de Castellón como en los informes de la Sindicatura de Cuentas". Es más, ha subrayado que "fue esta institución la que llamó la atención sobre el hecho de que no se pagara IVA en los proyectos del Centro de Convenciones y las torres de la Ciudad de las Artes y las Ciencias".
Respeto a la justicia
En su opinión, la respuesta dada por el Gobierno valenciano es "evasiva" porque "esquiva el derroche de los recursos públicos, evidenciado en el pago de cheques millonarios al arquitecto pese al criterio contrario de los técnicos de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana". Marga Sanz ha anunciado que "respetará el funcionamiento independiente de la justicia" y ha confiado en que "la Fiscalía abra finalmente la investigación sobre la denuncia".
La representante de EUPV considera que "hay suficientes indicios en los documentos que Albiol hizo públicos y, en concreto, en la comunicación donde se reconoce el pago de 1.350.000 euros a Calatrava pese a incumplir el contrato", por lo que ha instado a la Generalitat "a no mentir y a entregar a EUPV toda la documentación sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias, exigida en las Cortes". "Tanto que presume de transparencia, es hora de que haga pública toda la información", ha sentenciado.
