El pasado mes de diciembre, las Administraciones públicas tenían contraída una deuda con las empresas de transporte (concesionarias, de escolar…) cercana a los 1.300 millones de euros. Este hecho provoca que, en casos como el escolar de Cataluña, el regular en Mallorca, el débil tráfico en Castilla-La Mancha y muchos otros, los empresarios hayan tenido que plantearse la posibilidad de suspender determinados servicios, ya que no pueden hacer frente al pago de las nóminas o al abono del carburante. Esto pone en serio peligro un servicio esencial para el desarrollo de la economía y para el bienestar de las personas, pues se les priva de su derecho a la movilidad. Situación peliaguda, que pone en riesgo la estabilidad empresarial.
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